La disputa que se libra en la Corte Constitucional no es solo jurídica, sino estratégica. En juego está el corazón del comercio exterior ecuatoriano. El 12 de septiembre de 2025, la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil, contra la Ley General de Puertos y su reglamento.
La demanda acusa al régimen portuario de permitir una “delegación ordinaria y no excepcional” de servicios públicos al sector privado.
Según Contecon, las reglas vigentes favorecen a las terminales privadas con menores costos regulatorios, lo que habría provocado una pérdida de carga y la salida de dos navieras en 2024. La empresa pide redefinir el modelo bajo los artículos 314, 316 y 424 de la Constitución, que establecen que los servicios públicos deben ser gestionados prioritariamente por el Estado.
La defensa de ASOTEP: “El modelo portuario no es ilegal ni inconstitucional”
En una presentación formal ante la Corte Constitucional el 28 de octubre de 2025, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) defendió el modelo actual y lo calificó como “legal, legítimo y esencial para la economía nacional”.
“El sistema portuario privado no vulnera la Constitución. El Estado mantiene su rol regulador y los operadores asumen el 100% de la inversión y del riesgo empresarial”, explicó el abogado Javier Cardoso, representante de ASOTEP.
La asociación recordó que los puertos privados:
- Pagan impuestos, tasas y contribuciones.
- Aportan el 5% de sus ingresos a la Subsecretaría de Puertos y el 2,92% al Servicio Nacional de Aduana.
- Mueven cerca del 50% del comercio exterior del país.
- Han invertido más de $370 millones en infraestructura y tecnología.
- Generan más de 16.000 empleos directos e indirectos.
Para ASOTEP, atacar el modelo portuario privado pondría en riesgo la capacidad del Ecuador para movilizar su oferta exportable, como banano, camarón, cacao, café, entre otros, y afectaría la cadena logística y los compromisos internacionales del país. “El concesionario no tiene capacidad para absorber esos volúmenes”, advirtió el gremio.
Competencia y poder: el trasfondo del conflicto
La pugna entre Contecon y los puertos privados revela un enfrentamiento más amplio: el del modelo concesionado frente al de libre competencia.
Mientras Contecon acusa al marco legal de favorecer a los privados, ASOTEP sostiene que la acción es “arbitraria y peligrosa para la economía nacional”, ya que busca eliminar un sistema que ha convertido a Ecuador en un referente regional en manejo portuario eficiente y sostenible.
Actualmente, terminales como DP World Posorja se posicionan entre los más modernos del continente, mientras Guayaquil, operado por Contecon, ha perdido participación de mercado y volumen de carga.
La Corte Constitucional ha solicitado a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado que se pronuncien sobre la constitucionalidad del modelo. Aunque la admisión no significa un fallo de fondo, marca el inicio de un proceso que podría redefinir quién controla y regula los puertos ecuatorianos: el Estado o el sector privado.
El fallo final podría tener implicaciones mucho más allá del litoral. Una eventual sentencia contra la Ley General de Puertos alteraría la estructura jurídica de las concesiones privadas en energía, transporte y telecomunicaciones.
Por ahora, los puertos privados, que movilizan casi $40.000 millones en comercio exterior al año, defienden su permanencia en los tribunales.
“Lo que está en riesgo no es solo un modelo portuario, sino la competitividad del Ecuador”, concluye ASOTEP.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/economia/puertos-privados-del-ecuador-se-juegan-su-futuro-en-la-corte-constitucional-20251028-0035.html