La industria bananera cuenta con miles de hectáreas de bosque protegidas, las cuales forman parte del compromiso sectorial

Para muchos, la actividad bananera sigue asociada a empleo informal, vulneración de derechos laborales, largas jornadas de trabajo, bajos salarios y contaminación ambiental. Estas creencias condicionan la percepción pública sobre una de las actividades productivas más importantes de Costa Rica. Pero ¿responden a la realidad actual o seguimos viendo al sector a través de una fotografía del pasado?
Durante décadas, la imagen pública de la agroindustria bananera latinoamericana se asoció a condiciones propias de la primera mitad del siglo XX. Si bien es necesario reconocer con transparencia los desafíos de aquella etapa, lo es más saber que hoy esta actividad se desarrolla dentro de un marco jurídico e institucional que protege el trabajo decente, la seguridad social, la libertad de asociación, la salud ocupacional y el ambiente.
El punto de partida es el respeto al salario, que en el sector se paga superior al mínimo legal vigente en Costa Rica. Este hito no depende únicamente de declaraciones empresariales, sino que se verifica a través un sistema de fiscalización riguroso liderado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que supervisa las condiciones laborales, atiende denuncias y da seguimiento a eventuales incumplimientos conforme al ordenamiento jurídico. Por ello, afirmar que en la actividad bananera “no existen controles” ignora el impacto de la institucionalidad.
La formalidad laboral se complementa con la afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La industria bananera aporta a la CCSS US$5,26 millones mensuales a la seguridad social, a la vez que ofrece seguridad ocupacional para miles de personas vinculadas con esta actividad económica.
Los estándares requeridos por los mercados contribuyen, además, a distinguir un producto cuya competitividad está ligada al cumplimiento normativo y a un mejor desempeño social y ambiental, pues a la supervisión estatal se suman certificaciones y auditorías independientes exigidas por el mercado internacional. Cada año, la industria recibe más de 85 auditorías externas bajo esquemas como Rainforest Alliance, GLOBALG.A.P., GRASP y SMETA/Sedex, que verifican aspectos laborales, sociales, ambientales y de trazabilidad. Estas evaluaciones complementan la fiscalización pública y son financiadas por los propios productores.
En materia ambiental, la actividad ha incorporado buenas prácticas de gestión. Durante el año 2025, la industria bananera recicló aproximadamente 12.558 toneladas de plásticos de alta y baja densidad. La gestión adecuada de estos residuos evita impactos significativos sobre el ambiente y refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad ambiental. El 100 % de las fincas bananeras gestionan adecuadamente los envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados para el control de plagas. Esto contribuye a evitar que dichos recipientes lleguen a cuerpos de agua o sean manipulados por personas ajenas a la actividad agrícola.
La industria bananera cuenta con miles de hectáreas de bosque protegidas, las cuales forman parte del compromiso sectorial de mantener una producción libre de deforestación.
Actualmente, más del 30 % del área cultivada de banano se encuentra certificada como Carbono Neutro bajo la norma nacional INTE B5:2021/COR 1:2023 y el 100 % de las fincas bananeras cuenta con al menos una certificación internacional relacionada con aspectos ambientales, sociales y de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Insistir en que producción y sostenibilidad son incompatibles es ignorar la evolución de la industria bananera y los esfuerzos realizados para elevar su desempeño ambiental. Por ello, la valoración del sector debe basarse en evidencia verificable y en un modelo que reconoce los retos y exige inspección, trazabilidad, diálogo social y transparencia.
Superar los estereotipos del pasado no significa desconocer la historia, sino reconocer la evolución alcanzada. El banano costarricense puede presentarse, con responsabilidad, como una actividad esencial para el desarrollo rural y exportador del país, dentro de un modelo que articula competitividad, cumplimiento normativo y mejora continua.