La Viceconsejería de Sector Primario ha publicado oficialmente la asignación de las nuevas cantidades de referencia individual para el periodo 2025-2027 dirigidas a los productores de plátano que ya contaban con estas cuantías en el bienio 2023-2024. La revisión establece que las cantidades de referencia se actualizarán cada tres años y fija un límite máximo de 68.500 kilos por hectárea.
Además, el conjunto del sector mantiene un límite global de 420.000 toneladas. Algunos productores consideran que este ajuste supondrá un recorte del 3,4% en sus cuotas, lo que ha abierto un debate sobre la equidad y la proporcionalidad de la distribución de ayudas.
¿Qué supone?
La resolución refleja la aplicación de las modificaciones introducidas tras el nuevo Decreto, que regula cómo se calculan y asignan estas cantidades en función de la superficie inscrita en el Registro de Organizaciones de Productores de Plátanos, así como las cantidades justificadas durante las campañas anteriores o el límite máximo de 68.500 kg/ha, que está fijado para todas las explotaciones. Además, el POSEI establece que la producción anual acogida a la ayuda no puede superar las 420.000 toneladas. Debido a que el cálculo global superaba ese tope, el Gobierno ha aplicado un coeficiente de reducción del 0,9660 para ajustar el total.
Lo que sí se mantienen son las cantidades de referencia de los productores de La Palma cuyas fincas quedaron afectadas total o parcialmente por las coladas del volcán Tajogaite. Estos agricultores conservarán sus valores previos mientras recuperan o sustituyen sus superficies, tal como permite la normativa específica para zonas afectadas por el proceso eruptivo. En estos casos, las cantidades pueden quedar reservadas temporalmente hasta que las nuevas superficies entren en producción.
Aprobado en mayo
En mayo, el Consejo de Gobierno aprobó este Decreto que regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para los productores de plátanos en el marco del Programa Comunitario POSEI y siguiendo la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento canario en 2024.
Entre otras cosas con la norma se buscaba establecer un procedimiento claro para asignar las cantidades de referencia que cada productor puede cultivar y vender con apoyo del programa, así como determinar un método de calculo incluyendo el periodo de revisión ampliado, la identificación de la superficie de cultivo asociada, el límite máximo de asignación por productor, así como regular la reserva de cantidades no asignadas, lo que también ayuda a favorecer el relevo generacional.